El Ministerio Fiscal ha decidido actuar de oficio con el objetivo de centralizar la información disponible sobre los avisos y analizar conjuntamente los datos recopilados, con el fin de avanzar en la identificación de las personas responsables de estas amenazas.
Los hechos se produjeron durante las jornadas del miércoles y el jueves, cuando numerosos centros escolares gallegos recibieron mensajes prácticamente simultáneos a través de las cuentas de correo electrónico de sus equipos directivos. Las alertas obligaron a activar los protocolos de seguridad, con desalojos de alumnos y personal educativo y posteriores inspecciones por parte de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
La provincia de A Coruña fue una de las más afectadas por esta situación: las fuerzas de seguridad contabilizaron 31 centros educativos evacuados como consecuencia de los falsos avisos, que provocaron la salida de miles de estudiantes de las aulas y alteraron el funcionamiento habitual de los colegios.
La Policía avanza en la identificación de los responsables
La apertura de las diligencias por parte de la Fiscalía se produce después de que el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, asegurase que las investigaciones policiales estaban avanzando para localizar el origen de los mensajes e identificar a su posible autor. El representante del Ejecutivo calificó lo sucedido de «situación ciertamente rara» y trasladó un mensaje de tranquilidad a las familias.
Blanco también destacó la coordinación y colaboración entre la Consellería de Educación, la Xunta y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante la gestión de las alertas.
Mientras continúan las pesquisas, la actividad en los centros afectados ha ido recuperando la normalidad después de los desalojos y las inspecciones realizadas para comprobar que no existía ningún artefacto explosivo.
