La Justicia filipina ha dado un nuevo paso en el caso de Diego Bello Lafuente, el empresario coruñés que murió tiroteado en enero de 2020 en la isla de Siargao. El Tribunal Regional de Primera Instancia de Manila ha rechazado la petición de los tres policías acusados para que se archivaran las causas abiertas contra ellos, al considerar que las pruebas presentadas por la Fiscalía permiten mantener las imputaciones.
La resolución, firmada el 13 de octubre por la magistrada Marlo A. Magdoza-Malagar, supone un avance para la acusación después de casi siete años de proceso judicial. Sin embargo, no constituye una sentencia condenatoria: los tres agentes todavía podrán presentar pruebas en su defensa antes de que se dicte una resolución definitiva.
Tres agentes como principales acusados
Los procedimientos afectan al capitán Wise Vincent Binalingbing Panuelos y a los sargentos Ronel A. Pazo y Nido Boy Esmeralda Cortes. Los tres están acusados de asesinato y de la presunta manipulación de pruebas para justificar la muerte del empresario gallego.
Las defensas solicitaron que se desestimaran las acusaciones tras concluir la presentación de las pruebas de la Fiscalía. Entre sus argumentos, sostuvieron que no había testigos presenciales que identificasen directamente a los autores de los disparos y que los indicios no demostraban la existencia de un plan para matar a Bello.
La jueza, sin embargo, entiende que las pruebas circunstanciales permiten vincular a los tres agentes con la muerte, aunque nadie declarase haber visto quién apretó el gatillo. La magistrada también cuestiona la regularidad de la intervención policial en la que murió el coruñés.
Las pruebas balísticas, claves en la investigación
Uno de los elementos destacados en la resolución son los análisis balísticos: según el auto, los casquillos recuperados en el lugar de los hechos se relacionaron con armas asignadas a dos de los agentes acusados.
La trayectoria del último disparo mortal también resulta relevante para el caso, ya que el proyectil entró por la parte posterior derecha del cuerpo de Diego y salió por el lado izquierdo del cuello. Al combinar este dato con una marca de bala localizada en la parte inferior de una valla, la jueza señala que el joven podría encontrarse medio sentado o medio tumbado en el suelo cuando recibió el disparo.
La resolución considera -por tanto- que los elementos aportados por la acusación permiten sostener las imputaciones por asesinato.
Una investigación que cuestionó la versión policial
Tras la muerte de Bello, la Policía filipina sostuvo que el empresario había fallecido durante una operación antidroga y que había disparado primero contra los agentes, presentándolo como un narcotraficante al que trataban de detener.
Sin embargo, las pesquisas de la Oficina Nacional de Investigación de Filipinas (NBI) cuestionaron aspectos fundamentales de ese relato, ya que no había constancia de que Diego figurase en los registros de inteligencia antidroga como sospechoso de actividades relacionadas con el narcotráfico.
La Fiscalía sostiene, además, que se colocaron pruebas en la escena para presentar al empresario como responsable de un enfrentamiento armado. Los agentes implicados están acusados de haber puesto una pistola junto a su cuerpo para incriminarlo por tenencia ilegal de armas y tentativa de homicidio.
La familia lleva años reclamando justicia
Diego Bello, natural de A Coruña, falleció a los 32 años edad el 8 de enero de 2020 al recibir seis disparos frente a su vivienda en Siargao, donde había desarrollado su actividad empresarial vinculada al turismo y al surf.
Desde un principio, su familia siempre cuestionó la versión policial y emprendió una batalla judicial y pública para defender la memoria del joven. Su madre, Pilar Lafuente, declaró en el mes de enero ante el tribunal de Manila y dio constancia de las amenazas que había recibido su hijo antes de morir.
La familia considera que esta última resolución supone un gran avance en lo que tantos años llevan reclamando: justicia para Diego. La Plataforma Xustiza para Diego también ha valorado positivamente la decisión, aunque ha insistido en el que el proceso todavía continúa abierto.
El abogado de la familia, Guillermo Mosquera, confía en que el procedimiento avance ahora con mayor rapidez y apunta a que podría haber una resolución definitiva en 2027, aunque se trata -por el momento- de una previsión.
Los padres de Diego tienen previsto viajar de nuevo a Manila a comienzos de 2027 para seguir de cerca las declaraciones de los tres acusados. Mientras tanto, el proceso continuará con la presentación de las pruebas de las defensas.