Vigo da un nuevo paso en su objetivo de convertirse en una de las sedes del Mundial de Fútbol de 2030. El alcalde, Abel Caballero, ha presentado una propuesta de convenio para financiar las obras y actuaciones pendientes, con un presupuesto total de 107,5 millones de euros. La iniciativa plantea la participación económica de las tres administraciones y busca avanzar en los trámites necesarios para adaptar la ciudad a las exigencias de la competición.
El regidor ha anunciado el envío de una carta al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y al de la Diputación de Pontevedra, Luis López, para trasladarles las condiciones del acuerdo y solicitar una reunión que permita concretar la financiación. Una carta que ya ha tenido respuesta por parte del gobierno gallego.
La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, ha advertido de que todavía no existe un proyecto técnico definido ni un calendario de actuaciones, y ha señalado que tampoco están cerrados los compromisos económicos de todas las administraciones implicadas. El Gobierno gallego mantiene su apoyo a Vigo como posible sede, pero rechaza comprometer fondos sin conocer los detalles de la actuación.
Un intento de financiación compartida
La propuesta presentada por Caballero contempla una inversión total de 107.548.994 euros, que se repartiría a partes iguales entre el Concello de Vigo, la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra. Cada institución aportaría alrededor de 35,85 millones de euros.
El plan busca distribuir el esfuerzo económico necesario para adaptar la ciudad a las exigencias de una competición internacional como el Mundial de 2030. No obstante, la participación de las tres administraciones todavía está en el aire tras reclamar esta misma mañana la Xunta más información sobre el alcance de las obras y su planificación.
La reforma de Tribuna, la zona más ambiciosa
La actuación más importante se centraría en el estadio municipal de Balaídos, donde se prevé reconstruir la grada de Tribuna. Esta intervención supondría un desembolso aproximado de 86,7 millones de euros y permitiría elevar la capacidad del recinto hasta los 43.000 espectadores.
El proyecto forma parte de la adaptación del estadio a los requisitos necesarios para acoger encuentros del campeonato. En la última década, el Concello asegura haber destinado más de 60 millones de euros a las reformas de las gradas de Río, Marcador y Gol.
Nuevos campos de entrenamiento para Balaídos
La propuesta reserva otros 11,7 millones de euros para infraestructuras complementarias del estadio y mejoras en las instalaciones de entrenamiento. A esta cantidad se sumarían aproximadamente 9,1 millones de euros para los preparativos y la organización del evento.
Entre los gastos previstos figuran la atención a las selecciones participantes, los seguros, la coordinación de unos 2.000 voluntarios, la creación de zonas para aficionados o Fan Zones y la habilitación de espacios de aparcamiento.
El Concello defiende que estas inversiones permitirían preparar Vigo para responder a las necesidades logísticas y deportivas de una cita de alcance mundial.
La Xunta pide garantías antes de cerrar el acuerdo
Pese a respaldar la candidatura viguesa, la Xunta insiste en que no asumirá un compromiso económico sin disponer de información suficiente sobre el proyecto. Ana Ortiz ha reclamado que se concreten las características técnicas de las obras, las fechas previstas para la licitación y adjudicación, y el calendario de ejecución.
La representante autonómica también ha señalado la necesidad de conocer la implicación del Gobierno central y de aclarar los compromisos de las distintas administraciones. Además, ha cuestionado que se plantee el reparto de la financiación sin haber definido previamente esos aspectos.
De este modo, la propuesta de Vigo para movilizar 107,5 millones de euros sigue pendiente de concretar el acuerdo entre las administraciones. El Concello plantea una financiación compartida para acometer las mejoras necesarias, mientras que la Xunta condiciona cualquier compromiso económico a que existan un proyecto detallado, plazos claros y garantías sobre la participación de todas las partes.