La transferencia de la AP-9 a Galicia vuelve a estar en el centro del debate político y económico. La Xunta calcula que asumir la gestión de la principal autopista gallega obligaría a la Administración autonómica a realizar una reserva presupuestaria de unos 4.000 millones de euros, una cantidad que, a su juicio, evidencia la necesidad de que el traspaso se produzca en las condiciones reclamadas por el Parlamento de Galicia.
La directora xeral de Infraestruturas, María Deza, trasladó esta estimación durante una reunión con representantes del tejido empresarial y del sector del transporte, además de con la asociación de usuarios En Colectivo. La responsable autonómica defendió que la transferencia debe realizarse de acuerdo con los términos aprobados por el Parlamento gallego en 2024, de manera que Galicia no tenga que asumir en solitario los costes derivados de la actual situación de la autopista.
Una factura de 4.000 millones para Galicia
La cifra aportada por la Xunta sitúa en 4.000 millones de euros la cantidad que tendría que reservar la Administración gallega en caso de hacerse efectiva la transferencia de la AP-9.
La estimación incluye, según la explicación trasladada por el Gobierno autonómico, las obligaciones económicas que tendría que asumir Galicia tras recibir la titularidad de la infraestructura. Para la Xunta, este escenario hace especialmente importante definir qué costes corresponden al Estado y cuáles recaerían sobre la comunidad autónoma antes de cerrar el traspaso.
Por este motivo, María Deza insistió en que la transferencia no puede limitarse a entregar la gestión de la autopista, sino que debe realizarse con las condiciones económicas y jurídicas necesarias para evitar que Galicia cargue con una factura que considera excesiva.
El rescate de la concesión costaría 2.300 millones
Frente a los 4.000 millones de reserva presupuestaria que maneja la Xunta, el rescate de la infraestructura se situaría, según las estimaciones difundidas en el marco del debate, en torno a 2.300 millones de euros.
La diferencia entre ambas cantidades pone de manifiesto la complejidad económica de la operación y alimenta la discusión sobre cuál debería ser la fórmula para que Galicia pueda asumir el control de la autopista.
La cuestión no es menor: la AP-9 es una de las principales arterias de comunicación de Galicia, conecta buena parte del eje atlántico y soporta diariamente un elevado volumen de tráfico. Cualquier modificación de su modelo de gestión tiene, por tanto, consecuencias tanto para las administraciones como para empresas, transportistas y usuarios.
Empresarios y transportistas reclaman claridad
La directora xeral de Infraestruturas abordó estas cuestiones durante una reunión con distintos representantes del ámbito económico y del transporte gallego.
En el encuentro participaron el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites; el responsable de Fegatramer, Ramón Alonso; la directora de Apetamcor, Natalia Blanco, y Diego Maraña, portavoz de la asociación de usuarios En Colectivo.
Maraña consideró que la posición defendida por la Xunta resulta coherente al plantear que la transferencia debe contemplar también los costes que tendría que asumir la Administración autonómica.
Bruselas también entra en el debate
El futuro de la AP-9 está además condicionado por la polémica en torno a la prolongación de su concesión. Maraña recordó que la Comisión Europea consideró ilegal la ampliación de la concesión hasta 2048, una decisión que, según lamentó, el Gobierno central todavía no habría ejecutado.
La cuestión de la concesión es uno de los elementos centrales de la discusión. Mientras Galicia reclama avanzar hacia la transferencia de la infraestructura, también está pendiente determinar qué ocurre con el actual modelo concesional y con las obligaciones económicas asociadas a él.
Para los usuarios, la resolución de este conflicto resulta especialmente relevante por las consecuencias que ha tenido históricamente el coste de utilización de la AP-9 sobre la movilidad y el transporte en Galicia.
Una decisión que queda en manos del Gobierno central
Desde En Colectivo consideran que la situación actual deja la pelota en el tejado del Estado. El Gobierno central deberá determinar qué fórmula plantea para el futuro de la autopista, tanto en lo relativo a su concesión como a una eventual transferencia a Galicia.
Maraña resumió la situación señalando que será el Ejecutivo estatal quien determine qué quiere hacer con la AP-9 y con Galicia.
Mientras tanto, la Xunta mantiene su reivindicación de que cualquier traspaso se produzca con garantías económicas suficientes y conforme al acuerdo aprobado por el Parlamento gallego. El principal escollo continúa siendo, precisamente, quién debe asumir la elevada factura asociada al futuro de la autopista.