Patricia Vilasenín, paciente oncológica en remisión del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), ha denunciado los continuos retrasos en sus consultas médicas debido al sistema de asignación de citas conocido como “buzón”. Según su testimonio, actualmente tiene nueve citas pendientes, incluidas pruebas diagnósticas y consultas con distintas especialidades médicas, algunas de ellas con varios meses de demora.
“Debo realizar revisiones periódicas para conocer mi estado de salud y recibir tratamiento en caso de reaparición de la enfermedad”, explica Vilasenín, quien fue tratada de un cáncer de mama triple negativo metastásico. Además de las revisiones oncológicas, sufre efectos secundarios derivados del tratamiento, lo que le obliga a acudir con frecuencia a consultas especializadas. Sin embargo, el sistema de “buzón” ha convertido la espera en una constante: “Tengo pendiente una resonancia cerebral que debía realizarse el 6 de noviembre de 2024 y la consulta posterior, que debería haber sido el 5 de diciembre. Ambas llevan cuatro meses de retraso”, denuncia.
La paciente también ha experimentado demoras en otras especialidades: “En el servicio de Ginecología me atendieron con cuatro meses de retraso y en la Unidad del Dolor con casi dos meses. En Oncología, donde las revisiones deberían ser trimestrales los dos primeros años, aún no tengo fecha para la próxima consulta, prevista para julio, lo que supone un retraso de seis meses respecto a la última revisión”.
El «buzón», un sistema «que vulnera derechos»
La Asociación de Pacientes y Usuarios del CHUS ha manifestado su preocupación por el uso de las llamadas “agendas dinámicas”, más conocidas como el “buzón”, una práctica que consideran ilegal y que vulnera los derechos de los pacientes recogidos en la normativa autonómica.
Según la Orden del 13 de julio de 2004, cualquier paciente debe recibir una fecha concreta para su consulta o prueba diagnóstica en el momento en que su médico la solicita, salvo en casos excepcionales. No obstante, la asociación denuncia que esta excepción se ha convertido en norma y que la mayoría de los pacientes son incluidos en el “buzón”, quedando a la espera de recibir una notificación con la fecha definitiva de su cita.
El problema, según los denunciantes, es que los retrasos son frecuentes y arbitrarios, ya que los profesionales médicos pueden indicar una fecha idónea para la prueba o consulta, pero no tienen control sobre su cumplimiento. “Los atrasos afectan a nuestra calidad de vida y generan una gran incertidumbre. Es frustrante saber que no responden a criterios médicos, sino a problemas de organización y falta de recursos”, lamenta Patricia Vilasenín.
Desde la asociación exigen que se restablezca la legalidad y que todos los pacientes reciban una fecha concreta para sus citas en el momento en que sean solicitadas. Asimismo, reclaman la eliminación del sistema de “buzón” para las pruebas diagnósticas y la regulación de un procedimiento que garantice la atención en los plazos adecuados según la prioridad clínica.
“El buzón está generando sufrimiento innecesario a muchos pacientes con enfermedades graves, que se sienten abandonados por el sistema. No podemos permitir que la falta de gestión siga poniendo en riesgo nuestra salud”, concluyen desde la asociación.
