El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves un acuerdo de gran alcance político e institucional: el traspaso a Galicia de la titularidad y gestión de la AP-9. La iniciativa ha salido adelante con los votos favorables de PSOE, Sumar y el BNG, mientras que el Partido Popular y Vox han votado en contra.
Se trata de un hecho sin precedentes en los cuatro intentos realizados hasta ahora para transferir esta infraestructura, ya que es la primera vez que la propuesta supera este nivel de tramitación en las Cortes Generales. Sin embargo, el proceso aún está lejos de concluir.
Un recorrido legislativo todavía largo
La iniciativa, formulada como ley orgánica, deberá continuar ahora su camino en el Senado, donde se prevé que el PP vuelva a rechazarla. Posteriormente, el texto regresará al Congreso para su aprobación definitiva.
Incluso si supera ambas cámaras, aún quedará una fase clave: la negociación entre el Gobierno central y la Xunta de Galicia, que deberá concretar las condiciones del traspaso.
Los grupos impulsores —PSOE, Sumar y el Bloque Nacionalista Galego (BNG)— han calificado la jornada como un “día histórico” para Galicia, destacando el avance que supone tras años de intentos fallidos.
Además, han reprochado al PP su oposición, interpretando que responde a una negativa política de fondo más que a cuestiones técnicas.
El PP denuncia falta de garantías económicas
Desde el Partido Popular se ha defendido el voto en contra alegando que el acuerdo alcanzado entre las fuerzas progresistas “desvirtúa” el consenso previo del Parlamento gallego.
Los populares sostienen que la propuesta no asegura que el Estado asuma todos los costes asociados al traspaso, como el mantenimiento de las bonificaciones de peaje, las inversiones pendientes en la autopista o la posible indemnización a la concesionaria si la Unión Europea cuestiona la ampliación de la concesión aprobada en el año 2000
Intentos de enmienda y choque en el Senado
Durante el pleno, el PP intentó recuperar su propuesta original mediante una batería de enmiendas, pero estas fueron rechazadas por la mayoría formada por PSOE, Sumar y sus socios parlamentarios.
Tras el revés, el diputado popular Pedro Puy avanzó que el grupo utilizará su mayoría absoluta en el Senado para intentar reorientar el contenido de la ley y recuperar el “espíritu” del texto inicial en la fase de tramitación.
Aunque la votación en el Congreso supone un hito político relevante, la transferencia de la AP-9 todavía depende de un complejo recorrido institucional y de la futura negociación entre administraciones, que será decisiva para su puesta en marcha efectiva.
