La ley de la AP-9 afrontará la próxima semana una votación decisiva en el Senado en un momento en el que su tramitación sigue lejos de cerrarse. Aunque el texto ya fue aprobado en el Congreso, el proceso no ha terminado y el PP, que votó en contra en la Cámara Baja junto a Vox, utilizará ahora su mayoría absoluta en la Cámara Alta para introducir cambios y tratar de rehacer una norma que considera perjudicial para Galicia.
Ese es el primer punto que conviene aclarar: el visto bueno del Congreso no equivale a una aprobación definitiva. El Senado puede modificar la proposición de ley y, si lo hace, el texto tendrá que regresar después al Congreso para su validación final. En otras palabras, la ley sigue abierta y el paso por la Cámara Alta puede alterar de manera relevante su contenido.
Por qué el PP quiere cambiar en el Senado la ley que rechazó en el Congreso
La posición del PP se apoya en una idea central: los populares sostienen que la redacción aprobada en el Congreso ya no respeta el texto que había salido por unanimidad del Parlamento de Galicia. Según su relato, la iniciativa original blindaba la transferencia con todas las garantías financieras para la comunidad, mientras que la fórmula impulsada después por PSOE, Sumar y BNG introduce cambios que dejan a Galicia en una situación más débil.
La discrepancia no es menor. Frente a la tesis inicial de un traspaso articulado directamente por ley, el PP denuncia que el texto aprobado en el Congreso supedita el proceso a una futura negociación en una comisión bilateral entre la Xunta y el Gobierno central. Para los populares, ese cambio no es técnico ni menor, sino la prueba de que la transferencia queda condicionada a un acuerdo posterior y sin la cobertura económica que, a su juicio, debería quedar asegurada desde el principio.
Es ahí donde el PP sitúa el núcleo de su rechazo. Los populares sostienen que la nueva redacción puede acabar trasladando a Galicia una carga de unos 4.000 millones de euros, una cifra con la que resumen el coste que dejaría de asumir el Estado si la transferencia se ejecuta en los términos actuales. En su interpretación, la comunidad podría recibir la titularidad de la autopista sin que quedasen plenamente garantizadas cuestiones como las bonificaciones, determinadas inversiones pendientes o futuras obligaciones económicas ligadas a la infraestructura.
Con ese argumento, el PP defiende que no se opone al traspaso de la AP-9, una reivindicación histórica en Galicia, sino a que ese traspaso llegue sin las condiciones financieras que considera imprescindibles. De ahí que presente sus enmiendas en el Senado como un intento de recuperar la literalidad del acuerdo gallego y evitar que la transferencia se convierta, en palabras utilizadas por dirigentes populares, «en una hipoteca de largo plazo para las arcas de la comunidad».
El PP habla de “hipoteca” para Galicia y el PSdeG le acusa de dar marcha atrás
Ese planteamiento choca frontalmente con el del PSdeG y las formaciones que respaldaron el texto en el Congreso. Los socialistas acusan al PP de haberse echado atrás en una demanda histórica y de haber votado contra la transferencia de la AP-9 de la mano de Vox. En su lectura, la maniobra en el Senado busca rehacer una ley que ya no pudieron frenar en el Congreso y retrasar de nuevo un proceso largamente reclamado por Galicia.
La controversia se mueve así en dos planos. Por un lado, está la discusión legislativa sobre qué puede hacer todavía el Senado y por qué la ley no está cerrada. Por otro, se libra una batalla política sobre el relato: el PP intenta presentarse como garante de un traspaso sin costes añadidos para Galicia, mientras sus adversarios lo señalan por haber rechazado en el Congreso una iniciativa que ven como un avance histórico.
La votación de la próxima semana servirá para resolver una cuestión clave: no si la ley sigue viva, porque su tramitación continúa, sino con qué contenido seguirá adelante tras su paso por el Senado. Si prosperan las enmiendas del PP, el Congreso tendrá que pronunciarse de nuevo y la negociación política se reabrirá en la fase final del procedimiento.
En ese escenario, el mensaje de fondo es claro. La ley de la AP-9 no quedó cerrada con su aprobación en el Congreso y el Senado puede cambiarla de forma significativa. Eso es precisamente lo que pretende hacer el PP: aprovechar su mayoría en la Cámara Alta para corregir un texto que rechazó antes y en el que ve el riesgo de que Galicia asuma una factura millonaria que, según su tesis, debería seguir correspondiendo al Estado.
