La regularización extraordinaria puesta en marcha por el Gobierno ha aflorado una magnitud pocas veces vista en materia migratoria: más de 1,17 millones de solicitudes en apenas dos meses y medio en toda España. De ese volumen, 41.747 se han presentado en Galicia, una comunidad históricamente asociada a la emigración y que, en los últimos años, ha reforzado su papel como territorio de acogida.
Aunque Galicia representa en torno al 5,6% de la población nacional, concentra cerca del 3,6% de las solicitudes. La distancia respecto a los grandes polos de atracción —Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana o Andalucía— sigue siendo significativa. Sin embargo, la cifra confirma un desplazamiento progresivo del fenómeno migratorio hacia territorios que hasta hace poco no figuraban entre los principales destinos.
A escala interna, la distribución refleja el mapa económico de la comunidad. A Coruña concentra aproximadamente cuatro de cada diez expedientes, seguida de Pontevedra, mientras que Lugo y Ourense registran volúmenes menores pero relevantes si se tiene en cuenta su menor densidad poblacional. El predominio de las provincias atlánticas coincide con las áreas de mayor actividad industrial, logística, portuaria y de servicios.
Más allá de las grandes ciudades
Uno de los rasgos diferenciales del caso gallego es la dispersión territorial de la población migrante. A diferencia de lo que ocurre en Madrid o Barcelona, una parte creciente de los solicitantes reside en municipios de tamaño medio o incluso en entornos rurales.
Detrás de esta tendencia se encuentran factores estructurales bien conocidos: envejecimiento acusado, déficit de relevo generacional y dificultades para cubrir determinados puestos de trabajo. En ese contexto, la llegada de población extranjera ha pasado a desempeñar un papel clave en sectores como la hostelería, la construcción, la agricultura, los cuidados, la industria alimentaria o la actividad pesquera.
No es casual que, según los datos del Ministerio, las altas laborales vinculadas a la regularización se concentren en sectores con falta estructural de mano de obra como la hostelería, el comercio, los servicios administrativos o la construcción.
Un perfil joven y latinoamericano
El retrato de los solicitantes dibuja una migración marcadamente laboral. A nivel estatal, el 87% de quienes han iniciado el proceso se encuentra en edad de trabajar, con una clara concentración en los tramos más jóvenes: casi seis de cada diez tienen menos de 34 años, y el grupo más numeroso se sitúa entre los 25 y los 34.
En una comunidad donde más de una cuarta parte de la población supera los 65 años, esta inyección potencial de población joven adquiere una dimensión estratégica. La regularización puede traducirse en un refuerzo de la base de cotizantes, un impulso al mercado laboral y un cierto alivio frente a la pérdida de población.
La procedencia de los solicitantes ayuda a explicar la rapidez de su inserción sociolaboral. Colombia encabeza el listado de nacionalidades, seguida por Marruecos y Venezuela, mientras que dos de cada tres solicitantes proceden de América Latina.
En Galicia, los vínculos históricos con países latinoamericanos facilitan la integración. La proximidad lingüística, la existencia de redes familiares y comunitarias y unas barreras culturales más reducidas favorecen la incorporación al mercado laboral y a la vida cotidiana. En la última década, comunidades como la colombiana, venezolana, peruana o dominicana han consolidado su presencia en numerosos municipios.
El cuello de botella administrativo
Con el cierre del plazo de solicitudes, el foco se desplaza ahora hacia la capacidad de gestión. A nivel estatal hay ya cientos de miles de expedientes en tramitación, lo que anticipa semanas o meses de espera para numerosos solicitantes en Galicia.
El proceso exige verificar documentación, comprobar requisitos y resolver expedientes complejos, antes de expedir las correspondientes autorizaciones. La carga de trabajo sobre las oficinas de Extranjería será determinante para evitar retrasos que prolonguen la incertidumbre de miles de personas.
El Ejecutivo vincula el proceso con un aumento de las afiliaciones a la Seguridad Social registrado en las últimas semanas. De mantenerse la tendencia, Galicia podría notar efectos en el incremento de cotizaciones, el consumo interno y la reducción de la economía sumergida.
Para muchas pequeñas y medianas empresas, especialmente en sectores intensivos en mano de obra, la regularización supone transformar empleo informal en empleo plenamente regulado, con efectos directos sobre la estabilidad empresarial.
Más allá de las cifras, el proceso apunta a una transformación de carácter estructural. Galicia, que durante décadas exportó población hacia América y Europa, se consolida ahora como territorio receptor.
Las más de 41.000 solicitudes reflejan ya una realidad social consolidada, con decenas de miles de personas que forman parte del tejido económico y comunitario y que buscan estabilidad.
En ese contexto, la regularización funciona como un indicador de cambio profundo: una reconfiguración progresiva de la demografía, del mercado de trabajo y del perfil social de Galicia en el siglo XXI.
