El Juzgado de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Pontevedra ha dictado un auto con fecha de 1 de julio de 2026, mediante el cual concede la cancelación definitiva de una deuda que ascendía a 6.319.742,05 euros. La resolución exonera del pago a un ciudadano particular, identificado en el proceso como D. Benedicto, aplicando el mecanismo de la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) tras la tramitación de un procedimiento conocido como «concurso sin masa». Esta figura jurídica se activa cuando se constata que el deudor carece de activos embargables o cuando la liquidación de estos resultaría completamente antieconómica para el proceso.
El calvario financiero de este particular vio su inicio judicial el 23 de enero de 2026, fecha en la que se declaró oficialmente su insolvencia. Al no existir patrimonio que liquidar, el tribunal ordenó la publicación de los correspondientes edictos en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Registro Público Concursal, otorgando el plazo legal pertinente para que los acreedores solicitaran el nombramiento de un administrador concursal. Al transcurrir dicho plazo sin que ninguna entidad diera el paso, quedó allanado el camino para que el concursado solicitara formalmente el perdón de la totalidad de su pasivo.
Para otorgar este beneficio, la normativa concursal exige un estricto rigor en la demostración de la buena fe del deudor, un extremo que el magistrado Manuel Marquina Álvarez ha verificado minuciosamente a lo largo de la instrucción. El auto detalla que el concurso no ha sido calificado como culpable y certifica que el ciudadano no cuenta con condenas firmes en la última década por delitos socioeconómicos, patrimoniales, de falsedad documental o contra la Hacienda Pública. Además, se ha constatado su plena colaboración con la justicia, descartando cualquier tipo de ocultación de datos, y subrayando el hecho de que ninguno de los acreedores personados llegó a oponerse a la medida de gracia.
El impacto económico de esta resolución recae sobre un listado de veinte acreedores, siendo las grandes entidades bancarias y los fondos de inversión los principales damnificados por la cancelación. El Banco Santander es la entidad que asume el mayor varapalo económico, perdiendo definitivamente el derecho a reclamar hasta cinco créditos distintos, entre los que destaca un macrocrédito por un importe de 3.367.598,38 euros y un segundo de 622.303,43 euros. Otros actores financieros de relevancia, como el fondo Intrum Justitia Debt Finance AG, han visto extinguidos derechos de cobro por valor de 396.472,55 euros, al igual que cajas de ahorros y empresas del sector hotelero que también figuraban en el pasivo.
Incluso la deuda mantenida con las administraciones públicas ha quedado sometida a este escudo legal. La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), que había certificado una deuda total de 9.092,63 euros, deberá dar por perdidos 8.378,17 euros de dicho pasivo, tras aplicar el juez los límites de exoneración para el crédito público y el crédito subordinado establecidos por la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo. La resolución dictada es de carácter firme, no admite recurso alguno y prohíbe terminantemente a todas las partes iniciar futuras acciones de cobro. Finalmente, para garantizar una verdadera segunda oportunidad económica, el tribunal ha ordenado a los acreedores que procedan a eliminar de forma inmediata los datos del ciudadano de todos los sistemas de información crediticia y ficheros de morosos.
