Alcaldes y alcaldesas de diferentes concellos gallegos se reunieron este jueves en Rianxo para rechazar de manera colectiva el convenio impuesto por Portos de Galicia para el auxilio y control de la práctica de la pesca deportiva y de ocio en las instalaciones portuarias. Estuvieron representados los ayuntamientos de Cariño, Rianxo, A Pobra, Cambados, Bueu, A Illa de Arousa, Camariñas, Fisterra, Moaña y Boiro.
En el texto del convenio se señala como obligación para los Ayuntamientos que asuman la vigilancia, medidas preventivas, control, aplicación y cumplimiento por los pescadores de la normativa de pesca en los muelles actualizada por Portos de Galicia en el año 2021. Además, también se le insta a las entidades locales a que hagan rondas de vigilancia, señalicen las zonas e identifiquen las personas que acceden para la práctica de la pesca.
Al final de la reunión los representantes de los ayuntamientos allí presentes, junto con Sada y Ribadeo, anunciaron que «mantenemos nuestro apoyo al colectivo de la pesca recreativa» y mostraron su «rechazo a este convenio ofrecido». «Entendemos que es un convenio impuesto, no negociado, e innecesario, al no necesitar de los ayuntamientos para resolver un problema que Portos de Galicia creó», explicaron.
Además, entienden que «el convenio es ilegal desde el punto de vista competencial». «No tenemos capacidad de cumplir los deberes que en él nos imponen ni tampoco tenemos por qué adquirir responsabilidades de tipo patrimonial y mismo penal que no nos corresponden a los ayuntamientos», añaden.
En el comunicado conjunto destacan que «el problema actual lo creó Portos de Galicia con la resolución presidencial de 26 de julio de 2021 y debe ser este ente quien lo resuelva a través del diálogo con el sector». «Pretendemos que se vuelva a estatus quo antes de esta situación y la pesca recreativa continúe como estaba haciendo hasta ahora, pescando con tranquilidad nos nuestros puertos», afirman.
«Hay un intento de trasladar el problema a los ayuntamientos, por eso lo rechazamos, porque puede derivar en consecuencias gravísimas de todo tipo, económicas y penitenciarias, y además no tenemos la posibilidad ni los recursos para establecer una policía portuaria», subrayan.
