Los sindicatos CIG y CCOO han anunciado que recurrirán por la vía judicial la resolución de la Xunta de Galicia que modifica el protocolo de gestión y seguimiento de las incapacidades temporales (IT). Ambas organizaciones consideran que la nueva normativa refuerza el papel de las mutuas privadas, reduce el control de la sanidad pública y puede perjudicar los derechos de las personas trabajadoras.
La resolución, aprobada el pasado 20 de mayo por la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Sanidade, introduce cambios en el procedimiento de seguimiento de las bajas médicas. Para los sindicatos, la medida supone un cambio de modelo que prioriza criterios económicos frente a los clínicos y abre la puerta a una mayor intervención de las mutuas en procesos que hasta ahora dependían principalmente del Servizo Galego de Saúde (Sergas).
La CIG ya ha recurrido la resolución ante el TSXG
La CIG ha confirmado que ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para solicitar la anulación de la resolución. El sindicato sostiene que la Xunta presenta la medida como un mecanismo para agilizar la gestión de las bajas y combatir el absentismo laboral, pero entiende que, en realidad, responde a una estrategia para aumentar el control sobre las personas trabajadoras.
La central sindical considera que la reforma implica una mayor fiscalización de las decisiones de los médicos de Atención Primaria y cuestiona que se facilite la actuación de las mutuas privadas sin reforzar previamente el sistema sanitario público.
Entre las principales novedades figura la implantación de una autorización única, que permitirá a las mutuas coordinar y realizar todas las pruebas diagnósticas y tratamientos relacionados con una incapacidad temporal. Hasta ahora, cada actuación requería una autorización específica tras haber sido solicitada por profesionales del Sergas.
Según denuncia la CIG, el nuevo procedimiento elimina limitaciones por tipo de patología y reduce la intervención de la sanidad pública en el seguimiento de estos procesos.
CCOO también anuncia acciones legales
Por su parte, CCOO ha comunicado que emprenderá acciones jurídicas contra la resolución y ha reclamado su retirada inmediata. El sindicato considera que la modificación del protocolo fortalece el papel de las mutuas en el control de las bajas médicas y debilita las garantías del sistema público.
La organización sostiene que la autorización única permitirá a las mutuas gestionar de forma más amplia pruebas y tratamientos relacionados con las incapacidades temporales, reduciendo el control ejercido por la Administración sanitaria.
Asimismo, alerta de que el mayor peso de las propuestas formuladas por estas entidades privadas puede condicionar la autonomía de los facultativos de Atención Primaria y favorecer altas médicas prematuras, priorizando la reincorporación al trabajo antes que la recuperación completa de los pacientes.
Críticas por el acceso a datos clínicos y la falta de refuerzo de la sanidad pública
Otro de los aspectos cuestionados por CCOO es la incorporación a la historia clínica electrónica de los resultados de las pruebas realizadas por las mutuas. El sindicato advierte de que esta medida amplía el acceso de entidades privadas a información sanitaria especialmente sensible y reclama mayores garantías en materia de confidencialidad y protección de datos.
Tanto CIG como CCOO coinciden en que la Xunta debería apostar por reforzar la sanidad pública, aumentando los recursos humanos y materiales para reducir las listas de espera y mejorar la atención a las personas en situación de incapacidad temporal, en lugar de ampliar las competencias de las mutuas privadas.
Con el recurso ya presentado por la CIG y las acciones legales anunciadas por CCOO, la resolución impulsada por la Xunta abre un nuevo frente judicial y sindical sobre el modelo de gestión de las bajas médicas en Galicia.