El enfrentamiento entre el Gobierno central y la Xunta por el futuro de la AP-9 vuelve a intensificarse. En una entrevista concedida a la Cadena SER, el ministro de Hacienda, Arcadi España, rechazó que el Estado asuma íntegramente el coste económico del traspaso de la autopista a Galicia y defendió que cualquier administración que reclame una nueva competencia debe hacerse cargo también de las obligaciones que conlleva.
Las declaraciones llegan en un momento en el que la transferencia de la principal vía de comunicación gallega continúa su recorrido parlamentario y sigue generando un fuerte choque político entre ambas administraciones. Mientras el Ejecutivo central reclama una negociación basada en la corresponsabilidad financiera, desde la Xunta y el PP consideran que aceptar el traspaso sin garantías económicas supondría un perjuicio para las arcas gallegas.
Hacienda rechaza asumir toda la factura
Durante la conversación radiofónica, el ministro aseguró que el Gobierno gallego no puede pretender recibir la gestión de la autopista sin asumir los costes derivados de esa competencia. En este sentido, defendió que las comunidades autónomas deben financiar las competencias que gestionan con sus propios recursos y criticó la postura del Ejecutivo de Alfonso Rueda.
España también acusó a los gobiernos autonómicos del Partido Popular de mantener una actitud centrada en la confrontación política y les pidió abandonar el «victimismo» para abordar una negociación sobre financiación autonómica y sobre el futuro de la AP-9.
La Xunta exige una financiación garantizada
Frente a esta posición, el Partido Popular de Galicia mantiene que el traspaso solo será aceptable si llega acompañado de una financiación suficiente que cubra los costes presentes y futuros de la infraestructura.
Dirigentes populares califican la propuesta actual de «regalo envenenado», al entender que el texto elimina las garantías económicas que figuraban en anteriores planteamientos y deja abierta la posibilidad de que Galicia tenga que asumir importantes obligaciones derivadas de la concesión de la autopista.
Además, sostienen que aceptar esas condiciones supondría que los gallegos afrontasen un doble esfuerzo económico: el pago de unos peajes que siguen siendo de los más elevados del país y, además, el coste del propio traspaso.
La transferencia sigue pendiente
El debate continúa ahora en las Cortes, donde la ley para transferir la gestión de la AP-9 sigue su tramitación parlamentaria tras las modificaciones introducidas en el Senado.
Mientras el Gobierno insiste en negociar el reparto de competencias y recursos, la Xunta mantiene que no respaldará un acuerdo que no garantice la viabilidad económica de la infraestructura. El futuro de la autopista, una de las principales reivindicaciones políticas de Galicia durante las últimas décadas, continúa así pendiente de un consenso que, por el momento, sigue lejos de alcanzarse.