La transferencia de la AP-9 a Galicia dio este martes un nuevo paso en el Congreso de los Diputados: la aprobación en la Comisión de Transportes del informe de la ponencia que impulsa el traspaso de la titularidad y la gestión de la autopista a la Xunta. La iniciativa continúa así su recorrido parlamentario y será elevada próximamente al Pleno del Congreso, pese al voto en contra de PP y Vox.
La propuesta, impulsada inicialmente por el Parlamento de Galicia, logró desbloquearse semanas atrás gracias a un acuerdo entre PSOE, BNG y Sumar, que permitió incorporar al texto la cesión tanto de las competencias como de la titularidad de la infraestructura, una posibilidad que no figuraba en las primeras enmiendas socialistas.
El pacto entre estas tres formaciones permitió sacar adelante una proposición de ley orgánica que ahora seguirá su tramitación en las Cortes. El futuro traspaso deberá concretarse posteriormente a través de una comisión bilateral entre el Gobierno central y la Xunta, encargada de fijar las condiciones definitivas del proceso.
Rechazo del PP y Vox
Los grupos del PP y Vox volvieron a mostrar su rechazo al nuevo texto. Los populares consideran que la iniciativa se aparta del espíritu de la ley aprobada en el Parlamento gallego y sostienen que el acuerdo alcanzado entre PSOE, BNG y Sumar modifica sustancialmente la propuesta original.
El diputado del PP, Celso Delgado, defendió que Galicia debe recibir la autopista con las garantías económicas necesarias para su gestión y alertó sobre posibles problemas de constitucionalidad. Según argumentó, el texto no ejecuta un traspaso inmediato, sino que condiciona la transferencia a futuras negociaciones entre ambas administraciones.
Desde Vox, José María Sánchez calificó la medida como una «falsa transferencia» y cuestionó que vaya a traducirse en mejoras reales para Galicia. No obstante, reiteró la postura de su partido a favor de eliminar los peajes de la autopista.
Una demanda histórica
Por su parte, BNG y Sumar celebraron el avance legislativo y defendieron que se trata de una reivindicación histórica de Galicia. El diputado nacionalista Néstor Rego destacó que es la primera vez que una iniciativa de este tipo supera esta fase parlamentaria, después de varios intentos fallidos.
Rego insistió además en el objetivo de lograr una AP-9 gestionada desde Galicia y libre de peajes. Una posición compartida por Sumar, cuyo diputado Manuel Lago consideró que el proceso llega con más de dos décadas de retraso.
También el PSOE defendió el acuerdo alcanzado. La diputada Patricia Otero acusó al PP de oponerse al traspaso pese a asegurar públicamente que lo respalda y recordó que la prolongación de la concesión de la autopista hasta 2048 se produjo durante el Gobierno de José María Aznar.
Cómo se realizará la transferencia
El texto aprobado establece que el Estado y la Xunta deberán elevar a la Comisión Mixta de Transferencias una propuesta para concretar el reparto de competencias, que posteriormente será ratificada mediante real decreto.
Entre las funciones que podrían pasar a Galicia figuran la autorización de nuevos tramos o reformas, la supervisión e inspección del funcionamiento de la autopista, así como la capacidad sancionadora frente a posibles incumplimientos de la concesionaria.
Asimismo, el acuerdo regulará cuestiones clave relacionadas con el régimen económico-financiero de la infraestructura, incluyendo la fijación o modificación de peajes, la aplicación de descuentos y la aprobación de convenios vinculados a la explotación de la vía.
Reparto de responsabilidades económicas
Uno de los aspectos centrales del pacto es el reparto de las cargas financieras derivadas de la concesión. El Estado mantendrá la responsabilidad sobre los compromisos económicos generados durante el periodo en que la autopista permaneció bajo su competencia, incluidas las decisiones adoptadas antes del traspaso.
Por su parte, la Xunta asumirá las consecuencias económicas de las modificaciones que impulse una vez la transferencia sea efectiva. El texto también especifica que cualquier incremento de costes derivado de decisiones futuras del Gobierno gallego deberá ser financiado íntegramente por la comunidad autónoma.
Con este nuevo avance parlamentario, la histórica reclamación del traspaso de la AP-9 entra en una fase decisiva, aunque todavía deberá superar el debate y la votación en el Pleno del Congreso antes de iniciar la negociación definitiva entre el Gobierno central y la Xunta.
