La Xunta de Galicia ha convocado por error a dos personas fallecidas y a nueve ya jubiladas para participar en el proceso de elección de destino definitivo como personal funcionario. La situación se produce en el marco de la resolución de distintos procesos selectivos convocados entre 2019 y 2024, cuya tramitación se ha prolongado durante varios años y ha obligado a la Administración autonómica a actualizar el listado de aspirantes.
Once personas ya no podían participar
Entre las personas incluidas inicialmente en la convocatoria figuraban dos auxiliares de clínica que habían aprobado las oposiciones de 2019 y que fallecieron antes de que finalizara el proceso administrativo. A ellas se sumaban nueve empleados públicos que, durante el tiempo transcurrido, alcanzaron la edad de jubilación.
En este último grupo se encontraban dos auxiliares de clínica procedentes de un proceso de funcionarización, cinco médicos que accedieron mediante el turno libre y dos educadoras sociales, todos ellos vinculados a procesos selectivos convocados en 2019.
Años de demora en la adjudicación de destinos
El origen de esta situación se encuentra en la prolongación de los procesos selectivos desarrollados por la Xunta desde 2019. Durante ese periodo se convocaron plazas de diferentes categorías profesionales, pero la asignación de destinos definitivos quedó pendiente durante años para parte del personal que había obtenido plaza.
A esta demora se sumó el cambio de criterio fijado por el Tribunal Constitucional en 2022, que estableció que los nuevos funcionarios debían incorporarse directamente a un destino definitivo y no provisional, obligando a la Administración autonómica a adaptar procedimientos que seguían sin resolverse.
Procesos pendientes desde hace años
La convocatoria pretendía culminar procesos pendientes desde hacía varios años, pero el tiempo transcurrido entre la superación de las oposiciones y la elección del destino definitivo terminó generando una situación poco habitual: que parte de las personas convocadas ya hubieran fallecido o finalizado su vida laboral antes de poder completar el procedimiento.
Este caso evidencia el impacto que pueden tener los retrasos administrativos en el empleo público, especialmente cuando la resolución de los procesos selectivos se prolonga durante años y obliga a revisar continuamente la situación de los aspirantes.
