El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reafirmado su postura sobre el futuro de la AP-9, dejando claro que Galicia solo aceptará la transferencia de la autopista si el Estado asume los costes derivados de la operación. Además, aseguró que mantendrá esa misma exigencia incluso si Alberto Núñez Feijóo se convierte en presidente del Gobierno.
Las declaraciones llegan en plena controversia por el proyecto de ley que regula el traspaso de la principal autopista gallega, una iniciativa impulsada por PSOE, Sumar y BNG que salió adelante en el Congreso pese al voto en contra del Partido Popular y Vox.
«No queremos más que nadie, pero tampoco menos»
Tras la reunión semanal del Consello de la Xunta, Rueda defendió que Galicia no está reclamando un trato de favor, sino unas condiciones que permitan asumir la gestión de la infraestructura sin poner en riesgo las cuentas autonómicas.
En este sentido, rechazó las declaraciones realizadas por el ministro de Hacienda, Arcadi España, quien sostuvo que las comunidades autónomas deben asumir con sus propios recursos las competencias que solicitan. El presidente gallego respondió que la transferencia debe llegar con una financiación suficiente y reiteró que no aceptará un acuerdo que suponga una carga económica para la comunidad.
El debate sobre la financiación sigue abierto
El desacuerdo entre ambas administraciones se centra en quién debe asumir los costes que puedan derivarse de la gestión de la autopista. Mientras el Gobierno defiende que la Xunta debe responsabilizarse de las competencias que reclama, el Ejecutivo gallego considera que el Estado debe garantizar una transferencia sin impacto para las arcas autonómicas.
El texto que continúa su tramitación parlamentaria establece que será la Comisión Mixta de Transferencias la encargada de concretar las condiciones económicas del proceso. Además, diferencia entre las responsabilidades derivadas de decisiones adoptadas antes del traspaso, que corresponderían al Estado, y las que se produzcan una vez la gestión pase a manos de Galicia.
Una reivindicación histórica marcada por el desacuerdo político
La transferencia de la AP-9 lleva años siendo una de las principales demandas institucionales de Galicia y ha sido respaldada en distintas ocasiones por unanimidad en el Parlamento gallego. Sin embargo, el acuerdo alcanzado en el Congreso ha abierto un nuevo enfrentamiento político sobre las condiciones en las que debe producirse ese traspaso.
Rueda insistió en que seguirá defendiendo una transferencia «a coste cero» independientemente del color político del Gobierno central. Con ello, quiso dejar claro que su posición no variará aunque un futuro Ejecutivo presidido por Alberto Núñez Feijóo tenga que negociar el futuro de la autopista que vertebra Galicia de norte a sur.