Galicia vuelve a funcionar como campo de pruebas del Partido Popular. Primero fue Alfonso Rueda, que convirtió el aumento de las bajas laborales en uno de los asuntos estratégicos de la Xunta durante el debate sobre el estado de la autonomía. Después apareció Alberto Núñez Feijóo, ya en clave estatal, para describir el absentismo como un “cáncer” que España “no puede pagar” y cuestionar que determinados convenios permitan mantener el salario completo durante una incapacidad temporal.
Entre ambos movimientos apenas median unas semanas, pero el marco político es el mismo: desplazar el debate desde la salud de los trabajadores hacia la sospecha sobre los trabajadores. Mientras la Xunta acelera un plan para reforzar el control de las bajas, ampliar el papel de las mutuas e introducir incentivos ligados a la duración de las incapacidades temporales, Feijóo presenta ese problema como una de las reformas que abordaría si llega a la Moncloa. La comunidad que gobernó durante trece años vuelve así a servir de escaparate. Lo que Rueda formula con lenguaje administrativo en San Caetano, Feijóo lo convierte en promesa de política laboral para el conjunto del Estado.
La clave está en la palabra elegida. No es lo mismo hablar de bajas médicas que hablar de absentismo. La primera expresión remite a una enfermedad acreditada por un facultativo. La segunda sugiere ausencia, abuso o falta de compromiso. En esa sustitución semántica se juega buena parte de la ofensiva política del PP: convertir una prestación sanitaria y laboral en un problema de productividad, coste y disciplina.
Rueda instala el marco en Galicia
El punto de partida se produjo en abril, durante el Debate sobre el Estado de la Autonomía. Rueda incluyó la lucha contra el absentismo entre las prioridades de su Gobierno y anunció medidas para intervenir sobre la gestión de las bajas. No situó el foco principal en la reducción de las listas de espera, la mejora de la atención primaria o la aceleración de pruebas, diagnósticos y tratamientos. El foco se colocó sobre la duración de las incapacidades temporales, sobre los médicos que las prescriben y, de manera indirecta, sobre quienes enferman.
Desde entonces, la Xunta ha acelerado los movimientos. El Ejecutivo autonómico pretende llevar este mes su propuesta a la mesa del diálogo social, con un plan orientado a reforzar el control de las incapacidades y conceder mayor protagonismo a las mutuas. La iniciativa llega ya envuelta en conflicto: la CIG la ha impugnado preventivamente ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y tanto la central nacionalista como Comisiones Obreras se han apartado de ese espacio de negociación. En la práctica, la mesa queda debilitada antes incluso de empezar.
Rueda sostiene que el aumento de las bajas perjudica a las empresas, reduce la productividad y obliga a otros empleados a asumir el trabajo de sus compañeros enfermos. El planteamiento no acusa abiertamente a todos los trabajadores de fraude, pero construye una atmósfera de sospecha: las bajas duran demasiado, los controles serían insuficientes y alguien —el paciente, el médico o ambos— estaría haciendo un uso excesivo del sistema.
La Xunta ya ha dado un paso especialmente controvertido en esa dirección. El Servizo Galego de Saúde ha vinculado parte del complemento variable de los médicos de familia a la duración de las bajas de sus pacientes. Los facultativos pueden obtener hasta 2.491 euros anuales si los procesos se ajustan a los tiempos considerados estándar por la Administración.
Ese incentivo introduce una distorsión delicada. El mismo médico que debe decidir, atendiendo únicamente a criterios clínicos, si una persona está en condiciones de volver a trabajar sabe ahora que parte de su remuneración depende de que las bajas no se prolonguen por encima de determinados umbrales. La Xunta lo presenta como una medida de eficiencia. Los sindicatos médicos lo interpretan como una presión económica sobre la decisión clínica.
No hace falta ordenar explícitamente que se den menos bajas. Basta con diseñar un sistema en el que prolongarlas pueda tener consecuencias sobre el bolsillo de quien firma el parte. Ese es el punto sensible del modelo gallego: no solo aumenta la vigilancia sobre el trabajador, sino que introduce incentivos sobre el profesional sanitario que debe proteger su recuperación.
De San Caetano a Bilbao
Cuando Feijóo apareció semanas después ante el Círculo de Empresarios Vascos, el terreno político ya estaba preparado. El líder del PP aseguró que en España hay casi 1,2 millones de personas que no acuden cada día a su puesto de trabajo y calificó el absentismo como un “cáncer”. A continuación, cuestionó que alguien pueda cobrar lo mismo estando de baja que trabajando y prometió cambiar la regulación si alcanza el Gobierno.
El mensaje encerraba dos ideas de fondo. La primera, que una parte significativa de las bajas puede responder a comportamientos fraudulentos o abusivos. La segunda, que cobrar menos durante la enfermedad actuaría como mecanismo disuasorio. En otras palabras: si la baja no implica una pérdida económica suficiente, podría convertirse en una tentación.
Pero esa lectura mezcla realidades distintas. En España, un trabajador de baja por enfermedad común no cobra automáticamente su salario completo. Como norma general, no recibe prestación durante los tres primeros días; entre el cuarto y el vigésimo cobra el 60% de la base reguladora, y a partir del día 21, el 75%. Solo determinados convenios colectivos mejoran esas cantidades y completan la prestación hasta alcanzar el sueldo habitual.
Es precisamente esa protección negociada entre empresas y trabajadores la que Feijóo pone en cuestión. La propuesta no se limita, por tanto, a perseguir bajas falsas. Para eso ya existen inspecciones, revisiones médicas y mecanismos sancionadores. Lo que plantea el líder del PP es que incluso una persona con una incapacidad temporal reconocida por un profesional sanitario pueda sufrir una penalización económica suficiente para que exista una diferencia clara entre acudir al puesto y quedarse en casa.
El razonamiento convierte la protección durante la enfermedad en una especie de privilegio sospechoso. Como si estar de baja equivaliese a elegir unas vacaciones remuneradas y no a atravesar un cáncer, una depresión, una lesión, una operación, un brote crónico o una enfermedad respiratoria. La baja deja de verse como garantía y empieza a presentarse como incentivo perverso.
La palabra que cambia el debate
El éxito político de esta estrategia depende en gran medida del lenguaje. “Baja médica” remite a una enfermedad acreditada. “Absentismo”, en cambio, sugiere irresponsabilidad, desinterés o engaño. Por eso el PP y buena parte de la patronal utilizan ambos términos como si fueran equivalentes.
No lo son.
La incapacidad temporal es una situación legal y médicamente reconocida que impide trabajar debido a una enfermedad o un accidente. El absentismo estadístico, en cambio, puede agrupar circunstancias muy diferentes: bajas médicas, permisos, ausencias justificadas, faltas injustificadas o derechos de conciliación. Meterlo todo en el mismo saco permite construir una alarma más grande, pero también empobrece deliberadamente la discusión.
Las cifras empleadas por Feijóo proceden fundamentalmente de informes empresariales que utilizan una definición amplia del absentismo. En esas estadísticas se cuenta como ausencia tanto a quien falta injustificadamente como a quien no puede acudir porque está enfermo. Según los datos citados por el líder popular, alrededor del 77% de esas ausencias corresponde precisamente a incapacidades temporales.
Es decir, la inmensa mayoría del absentismo del que habla no son trabajadores que hayan decidido quedarse en casa sin explicación. Son personas con una baja médica. La diferencia no es un tecnicismo. Es el núcleo del debate. Sin esa mezcla, resulta mucho más difícil presentar al trabajador enfermo como responsable de un agujero económico.
Además, en España un ciudadano no se “da de baja” a sí mismo. La incapacidad debe ser autorizada por un profesional sanitario que acredita que la enfermedad o el accidente impiden temporalmente desempeñar el trabajo. La sospecha, por tanto, no cae solo sobre el paciente. También alcanza al médico que firma la baja.
Ahí aparece una de las derivadas más delicadas de esta ofensiva. Si el problema se formula como exceso de bajas, y no como deterioro de la salud laboral o saturación sanitaria, la responsabilidad se desplaza automáticamente hacia quien enferma y hacia quien acredita esa enfermedad. El sistema deja de mirar sus propias demoras y empieza a mirar con lupa al paciente.
Las bajas aumentan, pero eso no demuestra un fraude masivo
Las incapacidades temporales han crecido con fuerza durante la última década. En 2016 se iniciaron unos 4,9 millones de procesos por enfermedad común. En 2025 fueron alrededor de 9,76 millones, prácticamente el doble. El dato es relevante y merece análisis, pero no conduce por sí solo a la conclusión que intenta instalar el PP.
También ha aumentado el número de trabajadores. España supera ya los 22 millones de ocupados, por lo que una parte del incremento responde simplemente a que hay más personas expuestas a enfermar, sufrir accidentes o necesitar una recuperación temporal. Además, el aumento del número total de procesos no ha ido acompañado necesariamente de un incremento equivalente de su duración media. Han crecido especialmente las bajas breves.
A ello se suman factores mucho menos cómodos para el relato del fraude: el envejecimiento de la población activa, el deterioro de la salud mental, las secuelas de la pandemia, el incremento de enfermedades crónicas y la saturación de la sanidad pública. Una plantilla más envejecida, más tensionada y atendida por un sistema sanitario más lento produce, inevitablemente, más bajas.
Las listas de espera alargan las incapacidades porque una persona tarda más en recibir una prueba, una consulta con el especialista, una operación o rehabilitación. Penalizar económicamente al paciente no adelanta una resonancia, no abre un quirófano ni refuerza la atención primaria. Solo consigue que el trabajador pague por el retraso de la Administración.
El aumento tampoco es exclusivamente español. Las bajas por enfermedad han crecido en numerosos países europeos después de la pandemia, pese a sus distintas legislaciones, sistemas sanitarios y culturas laborales. Puede existir fraude, como existe en cualquier prestación pública. Pero otra cosa muy distinta es presentar ese fraude como explicación principal del fenómeno. Lo que no aparece por ninguna parte es la prueba de un engaño masivo que justifique colocar bajo sospecha a más de un millón de trabajadores y a los médicos que firman sus bajas.
Incluso desde posiciones empresariales se ha apuntado a una cuestión que el discurso político prefiere no colocar en primer plano: la necesidad de mejorar la sanidad para acortar procesos. Si una baja se prolonga porque el paciente espera una prueba diagnóstica o una intervención, el problema no está en la voluntad del trabajador, sino en el funcionamiento del sistema. La vigilancia puede detectar abusos concretos, pero no sustituye a una sanidad con recursos.
Feijóo ya lo hizo en la Xunta
La ofensiva actual no carece de antecedentes. A comienzos de 2012, en plena gran recesión, el Gobierno gallego de Feijóo aprobó en solitario una ley de medidas temporales para reducir gasto y recortar derechos de los empleados públicos. La norma afectó a salarios, permisos y condiciones laborales, y volvió a utilizar la reducción del absentismo como justificación para limitar la protección durante las incapacidades.
Aquel contexto era distinto, pero la lógica resulta reconocible. Entonces el argumento era la austeridad. Ahora es la productividad. Antes se apelaba a la crisis económica; hoy, al coste para las empresas y las administraciones. Cambia el envoltorio, pero permanece la misma pulsión: convertir una prestación social en un gasto sospechoso.
Ese mismo año, el Gobierno de Mariano Rajoy estableció que los empleados públicos cobrasen como máximo el 50% de sus retribuciones durante los tres primeros días de baja y el 75% entre el cuarto y el vigésimo. La penalización se mantuvo hasta 2018. También la reforma laboral de 2012 facilitó el despido objetivo por faltas de asistencia intermitentes, incluso justificadas, cuando superasen determinados porcentajes. Una persona podía perder su empleo por acumular bajas breves aunque estuviesen respaldadas por los servicios sanitarios. Ese mecanismo no fue derogado hasta 2020.
Feijóo, por tanto, no improvisa. Su discurso actual recupera una idea que ya aplicó cuando gobernaba Galicia: tratar la enfermedad como un problema de disciplina laboral y utilizar la pérdida de ingresos como instrumento para reducir las ausencias. La diferencia es que ahora dispone de una comunidad autónoma en la que ensayar una arquitectura más sofisticada.
Ya no se trata únicamente de descontar salario. Se plantea reforzar a las mutuas, introducir objetivos económicos para los médicos y aumentar los controles sobre pacientes y profesionales. La penalización directa convive ahora con la presión administrativa y clínica.
Las mutuas ganan espacio
Uno de los aspectos más relevantes del modelo gallego es el refuerzo del papel de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Estas entidades están financiadas con recursos públicos, pero son gestionadas por asociaciones empresariales. Históricamente se han ocupado sobre todo de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales, aunque con el paso del tiempo han ido ganando capacidad de intervención en las bajas por contingencias comunes.
Darles más competencias significa desplazar parte del control desde el sistema público de salud hacia entidades cuya lógica está estrechamente vinculada a la reducción de costes y a la rápida reincorporación del trabajador. La controversia no consiste en negar cualquier revisión. Una baja debe ser evaluada y el fraude, cuando exista, debe investigarse. El problema aparece cuando la prioridad deja de ser la recuperación del paciente y pasa a ser el retorno más rápido posible al puesto de trabajo.
Ahí puede crecer otro fenómeno menos visible que el absentismo, pero también dañino: el presentismo. Personas que trabajan enfermas por miedo a perder ingresos, ser señaladas, cargar de trabajo a sus compañeros o perjudicar al médico que las atiende. El presentismo no elimina la enfermedad. La desplaza al centro de trabajo, puede agravarla y, en algunos casos, extenderla al resto de la plantilla.
El debate, por tanto, no debería reducirse a si hay que controlar o no las bajas. Claro que debe haber controles. La cuestión es otra: quién controla, con qué incentivos, bajo qué criterios y con qué garantías para que la recuperación médica no quede subordinada a una lógica de coste.
Una mesa de diálogo social coja
La Xunta pretende llevar el plan al diálogo social, pero el marco nace tocado: la CIG y Comisiones Obreras se han apartado de la mesa, lo que deja la discusión sin una parte relevante de la representación sindical gallega y permite al Gobierno autonómico exhibir diálogo sin garantizar un consenso real.
Rueda ha acusado a CIG y CCOO de actuar con beligerancia y de rechazar el diálogo antes de conocer las medidas. Los sindicatos responden que la Xunta pretende utilizar la concertación social como marco de legitimación para una orientación política ya decidida. El conflicto, por tanto, no es solo laboral. También es democrático: qué valor tiene una negociación cuando una parte relevante de la representación sindical queda fuera del tablero.
La paradoja es evidente. Un plan destinado a modificar el control de las bajas de miles de trabajadores puede avanzar en una mesa de la que están ausentes dos de las principales organizaciones llamadas a representarlos. Si el diálogo social se convierte en una fotografía incompleta, la Xunta podrá exhibir negociación, pero difícilmente consenso.
El laboratorio gallego
Galicia ofrece al PP varias ventajas como banco de pruebas. El partido gobierna con mayoría absoluta, controla los tiempos parlamentarios y dispone de una Administración autonómica que integra competencias sanitarias y laborales suficientes para ensayar el modelo. Puede probar medidas, medir la respuesta sindical, afrontar recursos judiciales y corregir los aspectos más conflictivos antes de convertir la propuesta en bandera estatal.
También permite repartir los papeles. Rueda utiliza un tono administrativo y habla de eficiencia, productividad y mejora de la gestión. Feijóo eleva el volumen, denuncia un “cáncer”, cuestiona que los enfermos cobren su sueldo y promete actuar aunque no exista acuerdo social. Uno construye el mecanismo; el otro vende el relato.
El objetivo político parece claro: desplazar el debate desde las causas de las bajas hacia el comportamiento de quienes las sufren. En lugar de preguntarse por qué una operación tarda meses, por qué aumentan la ansiedad y la depresión, por qué envejecen las plantillas o por qué tantos trabajadores enferman, se pregunta si están abusando del sistema.
Esa inversión de responsabilidades resulta muy útil. La sanidad deja de aparecer como un sistema tensionado y el foco se coloca sobre pacientes sospechosos. Las empresas dejan de tener que explicar sus condiciones de trabajo y pasan a presentarse como víctimas del absentismo. El trabajador deja de ser una persona enferma y se convierte en un coste que debe ser vigilado.
Galicia es hoy el lugar donde esa idea empieza a adquirir forma de política pública. Si Feijóo alcanza la Moncloa, el experimento puede dejar de ser gallego. Y entonces la sospecha, la presión médica y la penalización económica no se aplicarían únicamente en el laboratorio, sino sobre el conjunto de los trabajadores del país.
Ese es el verdadero ensayo. No solo un cambio normativo, sino un cambio de mirada. Si una incapacidad temporal deja de ser vista como una garantía ante la enfermedad y empieza a tratarse como un lujo que debe corregirse, el terreno político ya estará preparado. Galicia pone la maquinaria. Feijóo pone el relato. La pregunta es si el PP pretende convertir mañana ese laboratorio en modelo de Estado.