Durante dos décadas, Galicia fue uno de los grandes motores de la energía eólica en España. Los aerogeneradores se convirtieron en parte del paisaje y en una pieza clave del tejido industrial del país. Hoy, sin embargo, los datos muestran que ese ciclo ha entrado en una fase distinta. El último informe del Observatorio de Energías Renovables para la Economía Digital, correspondiente al primer trimestre de 2026, sitúa a Galicia en un lugar inesperado: la comunidad autónoma con mayor potencia de proyectos renovables rechazados en todo el Estado.
Entre enero y marzo, las administraciones desestimaron en Galicia 336,4 megavatios de nueva potencia, y todos ellos correspondían a proyectos eólicos. No se trata de una cifra menor ni de un ajuste puntual. Es el volumen más alto de España en ese periodo y supera al de territorios tradicionalmente conflictivos en este ámbito, como Castilla-La Mancha o Navarra. El dato confirma una tendencia que ya se venía intuyendo en el territorio: el modelo eólico gallego está siendo sometido a un filtro mucho más severo que en el pasado.
La explicación no está en un único factor. En la mayoría de los casos, los proyectos decayeron por informes ambientales desfavorables, incompatibilidades territoriales o conflictos urbanísticos. Pero detrás de esas razones técnicas hay un contexto social y político más amplio. Galicia llega a 2026 con una alta densidad de parques eólicos ya instalados, con una red eléctrica tensionada y con una contestación vecinal cada vez más organizada frente a nuevos macroproyectos. El resultado es un escenario en el que ya no basta con que un parque sea rentable: tiene que encajar en un territorio cada vez más exigente.
Ese endurecimiento se refleja también en otro dato significativo del informe: Galicia no concedió ni una sola autorización administrativa de construcción para nuevas instalaciones renovables en todo el primer trimestre del año. Mientras comunidades como Andalucía, Aragón o Murcia avanzaron hacia la fase de obras con cientos de megavatios autorizados, Galicia quedó completamente en blanco. Solo Cantabria y La Rioja comparten ese registro.
Este parón no implica que no haya proyectos en marcha, pero sí revela que el embudo administrativo se ha estrechado. Las iniciativas que logran avanzar lo hacen lentamente y, en general, con potencias más modestas. Entre enero y marzo, Galicia sometió a información pública 80,2 megavatios de nueva potencia, todos ellos fotovoltaicos. Es una cifra muy inferior a la de las comunidades líderes y confirma que el despliegue renovable gallego se está produciendo a otra velocidad y con otra escala.
Algo parecido ocurre con las declaraciones de impacto ambiental favorables. En el primer trimestre, Galicia obtuvo luz verde para 50 megavatios, también de origen solar. El contraste con territorios como Aragón, que superó los 2.000 megavatios con visto bueno ambiental en el mismo periodo, es evidente. No se trata solo de cuántos proyectos se presentan, sino de cuántos superan el filtro final, y ahí Galicia aparece claramente en la parte baja de la tabla.
El giro silencioso hacia el almacenamiento energético
Sin embargo, el informe no dibuja una Galicia paralizada, sino una Galicia que está cambiando el foco. El dato más revelador en este sentido aparece en el ámbito del almacenamiento energético. Durante el primer trimestre de 2026, la comunidad acumuló 126,5 megavatios de proyectos de baterías en fase de información pública, una cifra relevante en el contexto estatal y muy superior a la de muchas autonomías.
Este desplazamiento hacia el almacenamiento no es casual. Galicia es uno de los territorios con mayor potencia renovable instalada y, al mismo tiempo, uno de los que más dificultades presenta para evacuar nueva energía a la red. En ese contexto, las baterías se perciben como una solución técnica y, también, como una alternativa menos conflictiva desde el punto de vista social y territorial. Frente a los aerogeneradores o las grandes plantas solares, el almacenamiento genera menos impacto visual y menos rechazo vecinal, y responde además a una necesidad real del sistema eléctrico.
Leídos en conjunto, los datos del primer trimestre de 2026 apuntan a un cambio de época en la transición energética gallega. La comunidad ha pasado de ser una tierra de expansión acelerada a un territorio que prioriza el control, el encaje ambiental y la aceptación social. La eólica, que durante años fue sinónimo de progreso económico, se enfrenta ahora a un escenario de mayor resistencia y mayor escrutinio.
Conflictos locales como los de A Laracha, Soandres o Culleredo no son episodios aislados, sino síntomas de una tensión más profunda entre la urgencia de la transición energética y la defensa del territorio. Galicia no renuncia a las renovables, pero los datos indican que ha dejado atrás la lógica del “cuanto más, mejor”.
La transición sigue adelante, pero lo hace con el freno puesto, especialmente en la eólica. Y el primer trimestre de 2026 deja una conclusión clara: en Galicia, la energía del futuro ya no se decide solo en los despachos, sino también —y cada vez más— en el territorio.
