En el papel, el proyecto encaja en casi todos los discursos de la transición ecológica. Valorización de residuos, producción de biometano, fertilizante orgánico y economía circular. Sobre el terreno, en cambio, la propuesta de instalar una planta de biogás en Soandres, A Laracha, ha abierto una fractura social y política que va mucho más allá de un expediente ambiental.
La iniciativa, impulsada por Bioenergía A Coruña, se encuentra en fase de evaluación ambiental por parte de la Xunta de Galicia, pero ya ha provocado un rechazo unánime del Concello, gobernado por el PP, y una movilización vecinal creciente, articulada en torno a una plataforma que cuestiona tanto la ubicación como los riesgos asociados a la instalación.
Un proyecto industrial en suelo rural
La planta está proyectada en Chousa Grande, sobre terrenos de una antigua cantera, en suelo rústico de protección ordinaria. Según la documentación presentada, la instalación tendría capacidad para tratar hasta 63.500 toneladas anuales de residuos orgánicos, lo que equivale a unas 170 toneladas diarias, procedentes de purines, residuos agrícolas y subproductos de la industria alimentaria.
El proceso previsto es el habitual en este tipo de infraestructuras: digestión anaerobia para generar biogás, posterior depuración para obtener biometano apto para su inyección en la red de gas natural, y producción de digestato, que se separa en fracción sólida —destinada a gestores externos— y líquida, que se depura para vertido o reutilización.
La planta funcionaría las 24 horas del día, aunque con presencia física de personal solo seis días a la semana, en turnos de siete horas. La plantilla prevista es reducida: entre tres y cuatro personas por turno, con supervisión remota el resto del tiempo.
Lo que preocupa a vecinos y Concello
El rechazo no se centra tanto en la tecnología como en dónde y cómo se quiere implantar. Vecinos y Ayuntamiento coinciden en tres grandes ejes de preocupación.
El primero es el impacto ambiental. El entorno de Soandres alberga una notable biodiversidad, con decenas de especies de aves —incluido el aguilucho cenizo, catalogado como vulnerable—, además de mamíferos, reptiles y anfibios. A ello se suma la proximidad del río Anllóns, fuente de captación de agua potable para parte del municipio, lo que ha disparado el temor a posibles vertidos o filtraciones.
El segundo eje es el patrimonio. A apenas 200 metros de la ubicación prevista se encuentra la Mámoa de Chousa Grande, un yacimiento arqueológico catalogado. Desde el Concello se considera incompatible la protección de este elemento con la instalación de una industria de estas características, tanto por afección directa como por alteración del entorno.
El tercero, y quizá el más visceral, es el de los olores. La experiencia de otras plantas similares pesa mucho en el imaginario colectivo. “Ninguén quere vivir nin pasear ao lado dunha macroplanta e aguantar a peste”, resumen desde la plataforma vecinal, que alerta del impacto que el hedor tendría en la calidad de vida y en el uso social del territorio.
Un rechazo político sin fisuras
A diferencia de otros conflictos ambientales, en A Laracha el rechazo es transversal. En el pleno municipal celebrado en marzo, PP, PSOE y BNG votaron en contra del proyecto, una posición que el alcalde, José Manuel López Varela, ha reiterado públicamente en varias reuniones informativas con los vecinos.
El gobierno local ha anunciado que presentará alegaciones formales y que pondrá a disposición de la ciudadanía modelos para facilitar la participación en el proceso. El objetivo declarado es que el proyecto no supere los trámites ambientales, dada la acumulación de impactos potenciales.
Desde el Concello se insiste en que la legislación permite este tipo de instalaciones en suelo rústico, pero también en que eso no implica que sean adecuadas para cualquier emplazamiento. La alternativa que defienden vecinos y corporación es clara: reubicar la planta en un polígono industrial, lejos de viviendas, patrimonio y espacios naturales sensibles.
La posición de la empresa
La promotora, Bioenergía A Coruña, defiende el proyecto como una infraestructura clave para la gestión de residuos no peligrosos, la producción de energía renovable y fertilizantes orgánicos, y como una oportunidad de actividad económica vinculada a la transición energética.
En su documentación reconoce impactos sobre el agua, el aire, el suelo y el paisaje, pero los califica como moderados y asegura que serán mitigados mediante medidas correctoras y un Programa de Vigilancia Ambiental. También subraya los sistemas de seguridad previstos, como antorchas de quema de excedentes de biogás y válvulas de sobrepresión, en un proceso que maneja metano, un gas inflamable y con alto potencial como gas de efecto invernadero.
