El Partido Popular ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para introducir cambios en la proposición de ley que regula la transferencia de la AP-9 a la Xunta de Galicia. La Comisión de Transportes de la Cámara Alta aprobó este martes siete enmiendas impulsadas por los populares, modificando el texto que había salido del Congreso de los Diputados tras el acuerdo alcanzado entre PSOE, Sumar y BNG.
La iniciativa será debatida este jueves en un pleno extraordinario del Senado y, si sale adelante como está previsto, regresará al Congreso, que deberá decidir si acepta las modificaciones introducidas por la Cámara Alta o recupera la versión aprobada el pasado mes.
El PP reivindica el texto aprobado por unanimidad en Galicia
Los populares defienden que las enmiendas tienen como objetivo recuperar el «espíritu» y la literalidad del texto aprobado por unanimidad en el Parlamento de Galicia, donde PP, PSOE y BNG respaldaron conjuntamente la propuesta para solicitar el traspaso de la autopista.
Durante el debate, el senador del PP José Manuel Barreiro aseguró que la versión remitida por el Congreso rompe el consenso alcanzado en Galicia y sostuvo que las modificaciones responden a criterios de «coherencia, responsabilidad, compromiso y lealtad».
Además, pidió a socialistas y nacionalistas que expliquen por qué alteraron el texto consensuado en el Parlamento gallego y defendió que el PP apoya la transferencia de la AP-9, pero no en los términos aprobados posteriormente por el Congreso.
PSOE y BNG acusan al PP de bloquear el traspaso
Las enmiendas fueron rechazadas por PSOE y BNG, que acusaron al Partido Popular de intentar retrasar o dificultar la transferencia de la autopista.
El senador socialista Manuel Mirás aseguró que los cambios introducidos en el Congreso no modifican las garantías jurídicas ni económicas del proceso. Según explicó, si en el futuro se produjesen consecuencias derivadas de una posible anulación de la prórroga de la concesión de Audasa, sería la Administración General del Estado la que asumiría esos costes.
Mirás también defendió que las condiciones concretas del traspaso deberán negociarse posteriormente entre el Gobierno central y la Xunta en la Comisión Mixta de Transferencias, por lo que, a su juicio, las enmiendas del PP no aportan mayor seguridad jurídica ni financiera.
Por su parte, la senadora del BNG, Carme da Silva, criticó que el PP respalde la transferencia en el Parlamento gallego mientras, según afirmó, la «boicotea» en las Cortes Generales. La nacionalista insistió en que el texto aprobado por el Congreso deja claro que las responsabilidades económicas derivadas de decisiones adoptadas por el Estado antes del traspaso seguirán correspondiendo a la Administración central.
¿Qué contempla la ley de transferencia?
La proposición de ley establece la transferencia a la Xunta de Galicia de la titularidad de la AP-9, así como de las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión, la gestión de la infraestructura y los servicios asociados.
El acuerdo prevé que el Estado y la Xunta negocien en la Comisión Mixta de Transferencias las condiciones concretas del traspaso, que posteriormente deberán aprobarse mediante real decreto.
Entre las competencias que asumiría Galicia figuran la autorización de nuevos tramos, reformas y enlaces de la autopista, la supervisión e inspección del funcionamiento de la concesión, la potestad sancionadora sobre la empresa concesionaria o la gestión de los peajes, descuentos y del régimen económico-financiero de la concesión.
Reparto de las responsabilidades económicas
El texto aprobado inicialmente por el Congreso también establece un reparto de las responsabilidades económicas entre ambas administraciones. Así, el Estado continuará asumiendo las obligaciones económicas derivadas de decisiones adoptadas antes de que se materialice la transferencia, mientras que la Xunta responderá de aquellas modificaciones que impulse una vez que el traspaso sea efectivo.
Además, cualquier decisión del Gobierno gallego que suponga un incremento de los compromisos económicos de la concesión deberá ser financiada íntegramente por la comunidad autónoma.
La aprobación de las enmiendas en la Comisión de Transportes anticipa el resultado del pleno del Senado previsto para este jueves. Una vez superado ese trámite, el texto volverá al Congreso de los Diputados, donde los grupos parlamentarios decidirán si aceptan las modificaciones impulsadas por el PP o mantienen la redacción original pactada por PSOE, Sumar y BNG para culminar la transferencia de la AP-9 a Galicia.
